El sector de la madera en Europa ha pedido a la UE que no aplique el llamado Reglamento de la UE sobre la deforestación sin una evaluación adecuada de las repercusiones en el comercio, los medios de subsistencia y el medio ambiente. En particular, plantea interrogantes sobre el requisito de geolocalización de los suministros de madera que exige la propuesta de nuevo Reglamento, cuyo nombre completo es: «Reglamento sobre la comercialización en el mercado de la Unión y la exportación desde la Unión de determinados productos básicos y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal».
El sector maderero europeo ha expresado su preocupación en una carta abierta a la Comisión Europea firmada conjuntamente por la ETTF, la Organización Europea de la Industria del Aserrado (EOS), la Confederación de Industrias Madereras Europeas (CEI-Bois) y la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales (ATIBT).
En su redacción actual, el Reglamento sobre la deforestación impone al sector maderero europeo (además de a las empresas que participan en el comercio de otros cinco productos básicos de riesgo para los bosques y el ecosistema, o FERC) la obligación de actuar con la debida diligencia para garantizar que sus productos no están implicados en la deforestación o la «degradación de los bosques». Se exigirá la geolocalización de todas las fuentes de suministro. Además, la licencia FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), que actualmente exime a la madera de la diligencia debida en la importación de la UE, sólo se considerará una prueba de legalidad. Los productos con licencia tendrían que someterse a la diligencia debida en materia de deforestación y degradación forestal, al igual que los demás.
La carta dice que el sector maderero de la UE está comprometido a combatir la tala ilegal, la deforestación y la degradación de los bosques. Pero los responsables políticos de la UE deberían «evitar introducir nuevos requisitos legales o tecnológicos que no hayan sido evaluados adecuadamente desde una perspectiva económica, científica y de viabilidad».
Expresa también la carta que la degradación de los bosques no puede abordarse sin la participación de países no pertenecientes a la UE. Sin embargo, el requisito de geolocalización del Reglamento se ha propuesto sin una evaluación adecuada de su viabilidad e impacto sobre el terreno. La recogida de datos de geolocalización de los pequeños propietarios forestales, sostiene, plantearía problemas técnicos, logísticos, jurídicos y de gobernanza que estarían por encima de sus capacidades y recursos. Para cumplir con este requisito sería necesario un enfoque amplio, con la participación de los operadores de la UE, la Comisión Europea, las ONG y los gobiernos locales de los países proveedores.
La carta insta a que los países de bajo riesgo queden exentos de la geolocalización obligatoria y que ésta no se imponga a los países de alto riesgo hasta que la UE haya establecido un «acuerdo de colaboración forestal» con ellos y un sistema de geolocalización fiable.
Los organismos europeos del sector también sostienen que la diligencia debida en la importación, según el Reglamento propuesto, debe seguir siendo responsabilidad exclusiva de los «operadores» importadores y que deben publicarse directrices claras sobre sus obligaciones antes de su aplicación.
La carta pide también que, al tratar las «preocupaciones fundadas» sobre el supuesto comercio ilegal en virtud del Reglamento, se identifique a quienes las plantean para proteger a los operadores de acusaciones infundadas.
Los firmantes dicen que también les preocupa que el Reglamento abarque a las instituciones financieras, restringiendo potencialmente el acceso de las empresas de la industria y el comercio de la madera a los servicios bancarios, de seguros y de inversión.
Concluye que, con la actual situación geopolítica y las presiones inflacionistas mundiales, los aumentos de costes impulsados por la política también deberían «evaluarse cuidadosamente y sólo introducirse cuando sea absolutamente necesario».